El franquismo, además de una maquinaria represiva que machacaba todo lo que no comulgaba con su pensamiento, también fue un gran negocio para familiares y amigos del régimen que se enriquecieron a manos llenas con grandes monopolios, creando una oligarquía en la que unas pocas familias que medraban alrededor del dictador concentraron un enorme poder económico y social. En la actualidad, los descendientes de aquel círculo supremacista y cruel, siguen sumando privilegiados beneficios, son réditos del franquismo que todavía late con fuerza en nuestra democrática España.
Puede que el franquismo no inventase las puertas giratorias, pero las puso muy mucho de moda. No fueron pocos los ministros y cargos relevantes de Franco que, tras favores y concesiones a las grandes empresas y a la propia banca, acabaron ocupando uno de esos sillones “bienpagaos” en sus Consejos de Administración. Compañías como Endesa, La Caixa, Telefónica o Iberdrola cobijaron, ya en democracia, a la mitad de los últimos ministros franquistas. La otra mitad recalaron en la política y en la justicia, donde 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista ascendieron al Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.

Capitalismo de amiguetes, con grandes contratos públicos o facilidades para crear grandes empresas estratégicas en las que medraban sin pudor. Antonio Barrera de Irimo, vicepresidente primero del Gobierno franquista que asesinó a Salvador Puig Antich, llegó a consejero de Telefónica, Banco Hispano Hipotecario e Hispamer. Demetrio Carceller, falangista y ministro de Franco, fundó el imperio Estrella Damm que hoy sigue gestionando la familia.
Los monopolios llegaban hasta la prensa, en el estreno del Registro Oficial de Periodistas, creado por la ley de Prensa de 1938, figuraban en los cuatro primeros puestos Francisco Franco, su cuñado Ramón Serrano Suñer; el jefe de Falange, José Luis Arrese y el promotor de la ley, Gabriel Arias Salgado. Con el registro, la dictadura controlaba el acceso a la profesión y vigilaba lo que se escribía, gracias a la expedición de un carné donde el titular juraba “ante Dios, por España y su Caudillo servir a la grandeza de la patria”.
De todos los monopolios del franquismo, el más relevante y principal, es de la Banca. Los siete grandes bancos: Banco Español de Crédito (Banesto), Banco Hispano Americano, Banco Central, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco de Santander y Banco Popular formaron el núcleo de toda la oligarquía, desde donde se ejerció el control sobre la economía industrial al teledirigir la inversión directa de capital o la guarda de valores, la especulación bursátil y, sobre todo, la promoción de sus propios grupos empresariales entre los que destacaron los grandes monopolios franquistas, en la industria eléctrica, el transporte, la siderúrgica, el cemento, o el tabaco, entre otros.

El golpe de Estado de julio de 1936 no habría sido posible sin la ayuda financiera del banquero Juan March, quién facilitó los negocios con nazis y fascistas y la compra de armamento. A cambio obtuvo lo que fue quizás el primer monopolio del régimen, el bancario y financiero. Y los March, tras el franquismo, mantienen sillones en consejos de administración de empresas tan importantes como ACS, Acerinox, Prosegur… March fundó en 1951 Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA), que se hizo con el monopolio de la producción eléctrica catalana. Sobrevivió al franquismo y fue una de las impulsoras de la central nuclear de Ascó hasta su absorción por parte de Endesa, otra empresa que reportó enormes beneficios a los March.
Sí, nos enredaron con la “historia” de la Transición y nos impusieron el relato de que la nueva y “moderna” derecha nada tiene que ver con el antiguo régimen, pero la historia es la que es. Rodolfo Martín Villa, exalto cargo franquista y ministro de Gobernación en 1976, cuando fueron asesinados cinco manifestantes en Vitoria, acabó siendo consejero de Endesa y luego presidente de Sogecable. Ramón Rato, padre de Rodrigo Rato, había fundado Radio Nacional de España con Millán Astray y Dionisio Ridriejo, y era propietario del Banco del Norte y el Banco Murciano.
El expresidente Aznar es nieto de Manuel Aznar, uno de los periodistas de cabecera del régimen franquista que también formó parte del Banco Urquijo, ilustre familia que hoy sigue dedicándose a la banca. Uno de los hermanos era ministro de Franco y el otro fue presidente de Iberdrola. Otro miembro del ministerio franquista de Hacienda, José Vilarasau Salat, en 1966 fue nombrado director general de Telefónica y posteriormente se hizo cargo de La Caixa hasta que fue nombrado presidente de honor ocupando también varios altos cargos del Ministerio de Hacienda.
También los grandes empresarios de la construcción fundaron entidades bancarias después de forrarse con la especulación y tal. Como el Banco Guipuzcoano presidido por José María Aguirre Gonzalo, uno de los fundadores de Agromán que sería también presidente del Banco Español de Crédito. O José Banús, sí, el de Puerto Banús que hoy gestionan sus descendientes para turismo de alto standing, como la familia real saudí y millonarios de todo pelaje, algunos con dineros de dudosa procedencia. Todos revueltos, haciendo negocios y fardando de yate y poderío. Antonio Banús, uno de los descendientes, se vio envuelto en el año 2014 en el “Caso Emperador”, una de las mayores tramas de contrabando y blanqueo de dinero que se han destapado en España.
A los descendientes de estos privilegiados franquistas les fue de perlas en la democracia y sus familiares y amigos encontraron las puertas abiertas para enriquecerse. Enrique, hijo de Torcuato Fernández Miranda, que preside la Fundación de Price Waterhouse Coopers, Jose Mª Aguirre González, que como su padre fue, a partir de 1971, procurador en las Cortes franquistas y elegido por la Organización Sindical en representación de los empresarios del Sindicato Nacional de Construcción y Obras Públicas, además de secretario de la Comisión de Obras Públicas de la Cortes y miembro de la Comisión de la Vivienda.

Como el propio Franco y familia, “ilustres” apellidos de este país, como los Gómez-Acebo, Aguirre Gonzalo, Banús, Fierro, Oriol, Koplowitz, Fenosa, Coca, Melià, Urquijo, Martín Villa, Vilarasau Salat, Barrera de Irimo, Carceller…, acumularon enormes fortunas a partir del golpe de Estado contra la República. Como dijo el dictador, que recibió “dividendos” de ciertas empresas en forma de agradecimiento hasta acumular más de 400 millones, “Los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos” y luego, aprovecharon la democracia para preservar sus intereses y multiplicar sus ganancias.
A diferencia de Alemania o Italia, donde se condenó el fascismo, ningún ministro o alto cargo franquista fue degradado por la nueva democracia española que hoy continua contaminada por un neofranquismo difícil de extirpar.