Monopolios del franquismo, la obra pública

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) acaba de sancionar a: Acciona Construcción con 29,4 millones de euros; Dragados, filial de ACS con 57,1 millones; FCC Construcción con 40,4 millones y Ferrovial Ferrovial Construcción con 38,5 millones por reunirse semanalmente, desde 1992, para repartirse las licitaciones públicas de grandes obras en hospitales, aeropuertos, carreteras, puertos… Que las grandes del cemento y el ladrillo no son un ejemplo de responsabilidad social ya nos quedó claro hace tiempo, pero esta historia, negra, en este país, viene de lejos.

Uno de los monopolios más crueles del franquismo fue el que se creó en torno a las obras públicas. Franco inaugurando pantanos, canales de riego o el faraónico Valle de los Caídos, es la imagen de una historia de crueldad que tiñe de sufrimiento y dolor el enriquecimiento empresarial de buena parte de las concesiones de obra a las empresas adictas al régimen. La dictadura franquista empleó a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados de los que se beneficiaron entidades privadas de varios sectores.

El uso como mano de obra de los presos políticos republicanos dejó algunos de los capítulos más negros en nuestra historia. Una mano de obra esclava, sin ningún tipo de garantía, en condiciones de trabajo extremas y a cambio de aminorar las arbitrarias condenas, reportó al Estado enormes beneficios y enriqueció a empresarios sin escrúpulos para vergüenza hispana ante el mundo mundial. En aquellos tiempos un trabajador costaba 10,50 pesetas/día, un esclavo político sólo recibía 50 céntimos/día. Así se expone en el marco de la querella argentina que la juez María Servini instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA).

Una de las obras más representativas de este modelo esclavista utilizado por el franquismo fue el Valle de los Caídos, obra faraónica que el dictador mandó construir en el emplazamiento de Cuelgamuros para que, llegado el momento, fuese su propia tumba y mausoleo. Una distópica obra que se ha mantenido en democracia más de 40 años para dejarnos bien claro hasta que punto el franquismo sigue incrustado en nuestra ya no tan joven democracia.

La concesión para la construcción del Valle de los Caídos fue para dos empresas, la primera era San Román y Aguirre Ingenieros, filial de Agromán de la que uno de los fundadores, José María Aguirre Gonzalo, era el presidente del Banco Guipuzcoano y, posteriormente, en 1970, del Banco Español de Crédito, hasta 1983. También ha ostentado, además de la de Agromán, la presidencia de ACS y Acerinox.

La otra empresa concesionaria fue Estudios y Construcciones Molán y Banús, de Jose´Banús, empresario catalán conocido como “El constructor del régimen”. Por esas contradicciones paradójicas que el destino nos deja, construyó también las viviendas sociales, en 1956, en el barrio de la Concepción de Madrid, y de los mini pisos del barrio del Pilar, refugio de numerosos inmigrantes en los años de posguerra. José Banús murió en 1984 sin descendencia, desencadenando tremenda batalla legal entre los aspirantes a su imperio, pero en Marbella hay un colegio público con su nombre, además de una fundación.

Posteriormente se uniría Huarte y Cía, el mayor grupo industrial navarro que fue creado por Félix Huarte Goñi en 1927 para que en los 70´s, con beneficiosas conexiones franquistas, Don Félix figuró entre las sesenta principales fortunas del país. Rafael Torres, periodista que ha investigado el tema, cifra en 20 mil los presos republicanos que fueron obligados a trabajar en la construcción. Otro periodista, Fernando Olmeda, ha documentado que trabajaron 141 batallones de presos. La disciplina era militar y se obligaba a empezar el día cantando el “Cara al sol”.

El Canal del Guadalquivir, conocido también como el “Canal de los presos”, utilizó, a través del franquista “Patronato de Redención de Penas por el Trabajo” hasta 2.000 presos políticos como mano de obra esclavizada construir la obra que estaba rodeada de auténticos campos de concentración entre los años 1940 y 1962, periodo en el que se ejecutó la obra de más de 150 kilómetros para regar unas 90.000 hectáreas en la margen derecha del Bajo Guadalquivir, entre Palma del Río (Córdoba) y Lebrija (Sevilla).

La mitad de este territorio era propiedad de 7 latifundistas que vieron cómo, una vez concluidas las obras, el valor de las tierras se multiplicó, produciendo algodón, hortalizas y frutales en vez del cereal de secano originario. Además de los grandes propietarios, la obra sirvió para aplicar lo que se ha denominado “fascismo agrario” un sistema que concedía parcelas de regadío, a pequeños agricultores “amigos” del régimen, en pueblos que colonizaban en nombre de la dictadura.

Alcanzaron prácticamente a toda la industria, pero las conexiones entre las grandes empresas de obras y la Banca han sido más que significativas. Grades banqueros se metieron en lo del cemento y megaempresarios de la construcción fundaron entidades bancarias. José María Aguirre Gonzalo, por ejemplo, fue uno de los fundadores de Agromán tras forrarse con el Banco Guipuzcoano.

Empresarios de escaso talento y buenos amigos, clase media cuya mejor cualidad era ser falangistas, funcionarios oportunistas, altos cargos ávidos de fortuna fácil…, muchos prosperaron al cobijo del poder franquista. Quizás o probablemente alguno de estos descendientes del franquismo eran buenos empresarios y hubieran sabido aprovechar las oportunidades que se creaban con la transición a la democracia de nueva economía libre, pero es innegable que el origen de muchas de las familias y dinastías más ricas y poderosas de nuestra España de hoy está en el régimen franquista y han prosperado bajo la tutela de un poder en el que lo público y lo privado no tenían una frontera bien definida.

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