El Rey se escapa, otra vez

Yo creo que solo hay una manera digna de cerrar de una vez la Transición del 78 y empezar una nueva etapa. Una nueva etapa de plena democracia en la que cualquier cargo institucional sea investido por el voto popular, para que la legitimidad democrática prevalezca sin alergias al autoritarismo, sin perpetuar más la monarquía borbónica avalada e impuesta por el dictador, al que tampoco sabemos poner en el sitio de la historia que le corresponde. 

Este es un país parece que no es capaz de cerrar sus episodios oscuros de una manera definitiva y persiste en enredarse en sus errores históricos, manteniéndonos prisioneros de aquel peaje disfrazado de consenso que la oposición democrática tuvo que conceder a los herederos franquistas para imponernos una monarquía opaca y obsoleta, un sistema judicial con independencia limitada, unas víctimas en el ignominioso olvido y celebrando la impunidad de los verdugos que flota en el relato.

Hace 100 años, en la complicada década de los 20 del pasado siglo, se produjo otra Transición en la que Alfonso XIII abandonó el país, de forma clandestina y vergonzosa, mientras miles de madrileños gritan en la calle: ¡Viva la República! Contra pronóstico, aquella otra Transición hacia más libertades, mayor igualdad y más garantías democráticas, concluía también sin sangre, la Segunda República Española quedaba inaugurada.

Todo culminó en 1930. En torno al Pacto de San Sebastián, los partidos republicanos, todos los partidos catalanes y dirigentes socialistas como Prieto, articularon la vía revolucionaria para poner fin a un régimen distópico y a una década convulsa que para nada merecemos repetirla. Las elecciones se convirtieron en un plebiscito: monarquía o república, y, al día siguiente, el 13 de abril, se conocían los resultados, las candidaturas republicanas se imponían para que el Rey se marchase del país por la puerta de atrás.

Cataluña era un foco insoportable de subversión, y uno tras otro, los gobiernos caían por su presión. El desencuentro venía de lejos, desde principios de siglo al menos, con la Semana Trágica en 1909 y el perpetuo conflicto africano de fondo; con el permanente desprecio del ultranacionalismo españolista por las instituciones catalanas y, sobre todo, con el golpe militar de Primo de Rivera, antecedentes en los que la mayoría de historiadores quieren coincidir.

Aunque los militares extremistas creían que el régimen constitucional era demasiado tolerante con los catalanistas, Primo de Rivera no fue designado por ninguna organización castrense y no era representativo de un ejército que se debatía entre la incompetencia, la desorganización y la corrupción en una defensa irracional en la que más de diez mil soldados de recluta obligatoria dejaron su vida en el Rif a manos de las bandas guerrilleras locales, en 1921, repitiendo el sangriento desastre que originó la Semana Trágica.

Las conclusiones de la comisión de investigación que debía presentar responsabilidades de tal catástrofe no llegaron al Parlamento, a instancias de Alfonso XIII, Primo de Rivera dio el golpe de 1923, disolvió las Juntas militares y contentó a los militares con el desmantelamiento de las instituciones catalanas y prohibiendo el uso del catalán, al tiempo que proponía un plan para acabar con la sangría en África junto a un desordenado despliegue del inmenso poder que se otorgaba el mismo por la gracia del Rey.

En septiembre de 1923, el joven monarca había recibido al bruto e inconsciente general golpista, quien le expreso el deseo de que Dios le ayudara a acertar en su tarea de gobierno apoyada en la violencia de las armas. Así, la monarquía de carácter constitucional rompía la estructura legal que la sustentaba y ataba su destino a un infame y torpe militar que se autoproclamaba capaz de acabar con los muchos males que atenazaban a la patria.

Los pocos militares que habían apoyado el golpe se convirtieron en amos del país sirviendo a las clases dirigentes y acomodadas. El orden público lo garantizaba la Guardia Civil y la patronal se ahorraba la violencia para mutilar las reivindicaciones obreras mientras los propietarios agrícolas conservaron sus derechos casi feudales sobre los campesinos. Una cierta reactivación económica mejoraba algo el empleo, pero el partido, Unión Patriótica, no cuajaba de ninguna manera.

El país quedaba gobernado por un no elegido que representaba el poder militar sin reconocimiento de la casta que se creía la única institución capaz de darle a España un sentido histórico, también sin el apoyo de los intelectuales integristas católicos. El inmodesto golpista, encaramado con el apoyo de unos cuantos acólitos y, sobre todo, con el de un Rey que se traicionaba a sí mismo y a los ciudadanos, se enfrentaba a una gigantesca crisis multidimensional para la que para nada estaba preparado.

Las calles y los campos sufrían algaradas continuamente. Los campesinos, desesperados por el hambre y la miseria de sus familias, contra los indolentes caciques agrarios. Los obreros y estudiantes, en las ciudades, reiteraban huelgas y confrontaciones entorno a unos sindicatos muy beligerantes. Barcelona se había convertido en un auténtico campo de batalla entre pistoleros contratados por la patronal y los anarquistas con más de 500 muertos en el haber.

Hacia finales de la década la crisis económica mundial (Crack del 29) acabó con el hundimiento de la peseta y el Banco de España se negó a garantizar la deuda generada, mientras la conflictividad se multiplicaba. El desorden político no era menor, los militares, agrupados en las Juntas Militares de Defensa legalizadas en 1920, se saltaban los límites para intervenir, arbitrariamente, pero sin asumir el control del Estado en ningún momento. En julio de 1929, el PSOE publicó un manifiesto a favor de una república democrática y un importante grupo de republicanos se concertó en torno a una Alianza Republicana encabezada por Manuel Azaña.

Primo de Rivera, en enero de 1930, consultó el nulo apoyo de los capitanes generales de las distintas regiones militares y, dos días después, dimitió. Alfonso XIII intentó volver al punto de partida enredando a Santiago Alba, representante del grupo oligarca de los cerealistas castellanos, y a Francesc Cambó, el político catalán más brillante, pero nadie confiaba ya en él. Así que volvió a las andadas, mandó convocar elecciones a otro incompetente general de los pocos que le quedaban cerca, Dámaso Berenguer y, en poco más de un año, los acontecimientos se aceleraron de manera que la crisis de régimen se hizo insostenible.

Sin renunciar a su título, la noche del 14 de abril de 1931, el nefasto Rey abandonó el Palacio Real de Madrid por una puerta secreta que va a dar al Campo del Moro. Salpicado por delitos de estafa societaria, prevaricación y cohecho, escapó acompañado por el almirante José Rivera y cuatro números de la Guardia Civil, se dirigió a Cartagena, donde embarcarían en el crucero Príncipe de Asturias hasta Marsella. Después, hasta la Roma fascista de Mussolini, lugar de su exilio definitivo y del nunca regresaría.

Casi cien años más tarde, Juan Carlos I, de Borbón y Borbón para más señas, anuncia que se va de España, de la misma manera clandestina y vergonzante que lo hiciera su abuelo, acorralado por la presunta corrupción que se ha ido amontonando alrededor de un monarca adicto al dinero, a la buena vida y a las faldas, su perdición. Igualito que su abuelito.

Felipe VI, heredero del heredero por designación autoritaria, monarca políticamente habilitado por el artículo 64 de la Constitución para asumir las atribuciones del presidente de una república parlamentaria que no admitiría la herencia como mecanismo de acceso a un cargo público, se queda con una institución erosionada por la corrupción de su cuñado, autodenominado “el Duque Empalmado” y la mala ejemplaridad del “Rey de la corrupción” que, tras pronunciar, en medio del escándalo Urdangarin, que “todos somos iguales ante la ley”,  se escapa ahora de la justicia y nos deja a todos pasmados, Hacienda incluida.

Sin comparación posible, la situación de crisis económica que venimos arrastrando desde 2008 se ha complicado de nuevo con los efectos de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus y la adjunta crisis sanitaria. A la enorme y creciente desafección de la ciudadanía con los políticos tradicionales, cada vez más enredados en la corrupción y la incompetencia, se ha sumado la crisis provocada por el problema catalán, eterno problema nacional provocado por un nacionalismo español que se niega a entender la diversidad y busca imponer, como sea, su intransigente idea de España, aunque sea a costa de disolverla.

Felipe VI, con la real reputación “hecha unos zorros” e inasequible a la transparencia, tampoco ha sabido manejar el asunto catalán y en la periferia su popularidad anda por los suelos mientras una cúpula judicial, poco independiente de la política como herencia de aquella Transición, se empecina en empantanar judicialmente la situación política que la ultraderecha nacionalista ha conducido hasta los límites de la tolerancia democrática.

Como la programada fuga, la inviolabilidad parece una barrera difícil de franquear por el Estado que sigue permitiendo que la Corona viva en esa zona de sombra ajena a la transparencia. Ni los políticos tradicionales ni el sistema judicial, políticamente afectado, están por la labor de afrontar con seriedad y contundencia la corrupción. Muchos hubiésemos aplaudido la misma contundencia y rapidez aplicada contra la más efectista que efectiva desobediencia de los políticos catalanes, pero la corrupción parece inmune, el sistema la tolera sin problema, aunque parezca sistémica y masivamente organizada para alcanzar a todos los órganos vitales.

El secretismo y la interpretación de la inviolabilidad del Rey, incluso una vez cesada su actividad institucional, aleja a la institución de los mínimos democráticos exigibles. Quizás, las nuevas generaciones, cada vez más desconectadas de la erosionada monarquía, acabarán, más pronto que tarde, facilitando una nueva República, quizás a finales de esta década. La historia es caprichosa y los españoles, incapaces de inventar un futuro nuevo, tendemos a copiar el pasado.

Quizás Europa debería institucionalizar un sistema federal republicano, aboliendo para siempre jamás toda representación monárquica en sus democracias, un rol obsoleto del que los europeos no sabemos cómo zafarnos definitivamente. Quizás, si el movimiento independentista catalán se hubiese envuelto menos en la bandera impregnándose de un nacionalismo inviable y hubiese apostado por un movimiento inequívoco hacia la república, estaríamos hoy en otra situación. Quizás si el viejo PSOE, ayer republicano sin ambigüedades, no persistiera en amarrarse al pacto constitucional del 78 e incapaz de culminar de una vez la Transición, el referéndum para restaurar una república anulada por la fuerza de las armas estaría más cerca que lejos. Quizás son demasiados quizás.

El Borbón, que sigue aforado y perteneciendo a la familia real, nos dice adiós, se va con su escolta, como su abuelo, clandestina y cobardemente, pero nos deja en herencia, como Franco, a otro Rey no elegido popularmente, agarrado a los inviolables privilegios de su cargo y dispuesto a representarnos, aunque cada vez quedan menos que lo que deseen o lo encuentren funcional.

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